1. EEUU: Propietarios llevarían a gobierno a corte por el muro

    Ahora que el presidente Donald Trump se dispone a visitar el sur de Texas para promover su pedido de 5.700 millones para levantar un muro, Eloisa Cavazos, quien tiene una propiedad en la frontera con México, dice que sabe por experiencia propia qué es lo que pasará con el proyecto si es que la Casa Blanca consigue lo que quiere.

    El gobierno federal ha comenzado a levantar planos topográficos de los terrenos en la frontera de Texas y ha anunciado planes para comenzar la construcción el próximo mes. Pero algunos propietarios prometen rechazar las ofertas de compra del gobierno y se preparan para pelear con el gobierno en corte.

     

    "Podrías darme un billón de dólares y no te los recibiría", dijo Cavazos, cuyo terreno se asienta en la ribera del río Bravo, que del lado estadounidense se llama río Grande y separa a Estados Unidos de México. "No se trata de dinero".

     

    En marzo, el Congreso asignó fondos para 53 kilómetros (33 millas) de muro y cercos en Texas. El gobierno ha anunciado planes que atraviesan propiedades privadas en el Valle del Río Grande. Algunas de las personas a ser afectadas son propietarios que han vivido en el valle durante generaciones, organizaciones ambientales y una capilla del siglo XIX.

     

    Muchos han contratado abogados que se aprestan a pelear contra el gobierno si, tal como se espera, expropia los terrenos bajo el concepto de dominio eminente.

     

    La oposición se intensificará si los demócratas aceptan el pedido del gobierno de Trump de construir más de 345 kilómetros (215 millas) nuevos de muro, incluyendo 167 kilómetros (104 millas) en el Valle del Río Grande y 89 kilómetros (55 millas) cerca de Laredo. Incluso un acuerdo para instalar placas de acero, tal como Trump ha insinuado, o más cercos como los que los demócratas antes han respaldado, provocaría más demandas y rechazos en Texas.

     

    Expertos en leyes dicen que Trump probablemente no puede dispensarse del dominio eminente —que requiere que el gobierno demuestre que el terreno va a ser para uso público y ofrezca una compensación monetaria a los dueños— al declarar una emergencia nacional.

     

    Construir el muro en la zona es una prioridad para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) porque es la zona más transitada para cruces fronterizos ilegales. Más de 23.000 padres y niños fueron capturados cruzando sin autorización la frontera en el Valle de Río Grande en noviembre, más del triple que el año previo.

     

    Funcionarios del DHS argumentan que un muro frenaría los cruces y desanimaría a las familias centroamericanas de intentar migrar hacia el norte. La mayoría de esas familias buscan asilo por la violencia en sus países de origen y con frecuencia se entregan a agentes fronterizos cuando llegan ahí.

     

    Con parte de los 1.600 millones de dólares que el Congreso aprobó en marzo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció que construiría 40 kilómetros (25 millas) de muro a lo largo del dique para control de inundaciones en el condado Hidalgo, que se extiende muy al norte del Río Grande.

     

    El Congreso no permitió la construcción de ninguno de los prototipos de muro de Trump. Sin embargo, el gobierno planea solicitar un muro de concreto a la altura del dique existente, con postes de acero de 5,5 metros (18 pies) sobre él. La CBP quiere despejar 45 metros (150 pies) frente a cualquier construcción nueva para una “zona de control” con vías de acceso, cámaras e iluminación.

     

    El gobierno demandó a la diócesis católica el año pasado para que sus topógrafos tuvieran acceso al sitio de la capilla La Lomita, que se fundó en 1865 y fue un lugar importante para los misioneros que viajaban a caballo al Valle del Río Grande.

     

    Sigue siendo el epicentro de la comunidad católica del Valle del Río Grande y ahí se organizan bodas y funerales, así como la procesión del Domingo de Ramos que atrae a 2.000 personas.

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