El país figura en un informe anual del Departamento de Estado norteamericano que critica las fallas en la lucha contra las redes de prostitución. Hace hincapié en "la corrupción de las fuerzas de seguridad".
Infobae
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6/6/2008-00:00 hs. |
"La Argentina es un país que funciona como fuente, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños que son traficados con propósitos comerciales para la explotación sexual y los labores forzados".
De esa manera comienza el informe anual preparado por el Departamento de Estado por orden del Congreso de los Estados Unidos. Coloca a la Argentina dentro de la lista de aquellos países con problemas de tráfico de personas.
"La mayoría de las víctimas son trasladadas dentro del país, desde áreas urbanas a las ciudades", remarca la investigación que posee casi 300 páginas. "El turismo por prostitución infantil es un problema, sobre todo en la triple frontera", aclara.
"Las mujeres y las niñas argentinas son también enviadas a países vecinos, México y Europa del Este para explotación sexual", destaca.
Clasificación
El informe separa a los países según su situación ante el tráfico de personas. El primer nivel incluye a aquellos en mejor situación. El segundo, a los países con tareas pendientes, pero en proceso de mejorar.
La Argentina se encuentra en el nivel dos, pero en la lista de observación por tercer año consecutivo. Esto implica que el tráfico aumentó, pero no hay evidencia de mayores esfuerzos para mejorar o de que sus compromisos son a futuro.
El tercer escalón reúne a aquellos que no cumplen con los estándares internacionales ni se esfuerzan por lograrlo.
Críticas
"El Gobierno no cumple totalmente con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico, pero está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo", remarca el informe. Hace especial hincapié en la aprobación de la nueva ley nacional destinada a combatir el flagelo. Sin embargo, destaca algunas de sus potenciales falencias.
También arremete contra la "corrupción" de las fuerzas de seguridad. La Argentina fue colocada en este nivel por "su fracaso para mostrar evidencia de mayores esfuerzos para combatir el tráfico humano, en particular en términos de proveer asistencia adecuada a las víctimas y reducir la complicidad oficial con la actividad, especialmente en los niveles provincial y local".
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