Diputados: el oficialismo busca debatir en 15 días el proyecto sobre obligatoriedad de exámenes de ADN
La iniciativa elevada por el Ejecutivo, que ya cuenta con dictamen de las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos de la Cámara baja, podría llegar al Senado en noviembre. Si se sanciona, la Justicia podría permitir los estudios de ADN a cualquiera que se sospeche que es hijo de desaparecidos, aún sin su conformidad.
Telam
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19/10/2009-00:00 hs. |
Así lo informaron voceros del Frente para la Victoria, quienes indicaron que la iniciativa elevada al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que ya cuenta con dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos de la Cámara baja, podría llegar al Senado en noviembre y convertirse en ley.
Si se sanciona la norma, la Justicia podría permitir y ordenar la recolección de elementos o pertenencias de cualquier joven que se sospeche que es hijo de desaparecidos para analizarlos y constatar su ADN, aunque la víctima no haya prestado su conformidad.
La propuesta, que es respaldada por organismos de derechos humanos, fue cuestionada la semana pasada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, al considerar que "está dirigida a los hijos de la señora (Ernestina Herrera) de Noble", dueña de Clarín, lo que desencadenó una ola de críticas por parte de, entre otros, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; y Juan Cabandié y Victoria Donda, ambos hijos de desaparecidos.
El oficialismo y la centroizquierda de la Cámara de Diputados destacaron el interés en que la norma sea sancionada cuanto antes por considerar que es "un aporte a la lucha contra la impunidad".
"Tiene que ver con saldar una deuda con las personas; ayuda a destrabar un conflicto interno de aquellos que no conocen su identidad", manifestó la diputada kirchnerista Patricia Fadel, quien integra la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja y es secretaria parlamentaria del bloque oficialista.
La legisladora mendocina apuntó que "ya existe jurisprudencia en este sentido pero todavía faltaba una ley que encuadrara el tema" y no descartó que la iniciativa pueda llegar al recinto en dos semanas, para ser girado antes de fin de año al Senado para su sanción definitiva.
"Estoy convencido de que se trata de un aporte legislativo a la lucha contra la impunidad", reflexionó, por su parte, el diputado del bloque SI, Emilio García Méndez.
Planteó en ese sentido que lo que "pone en juego" el proyecto es "el derecho de los niños a conocer su identidad" y afirmó que "toda otra cuestión cesa aquí".
"El proyecto es extremadamente respetuoso de las garantías individuales y libera a las víctimas de tener que ser ellas quienes denuncien a sus apropiadores", insistió.
En tanto, el bloque de la Coalición Cívica respaldó la posición de la líder de la fuerza.
"Hay víctimas que expresan un reclamo totalmente legítimo y hay también niños que fueron apropiados y que hoy tienen entre 30 y 35 años, no están en situación de esclavitud y pueden decir `no`", argumentó la representante de la Coalición Cívica en la comisión de Legislación Penal, Fernanda Gil Lozano.
Gil Lozano expresó que el tema "es dificilísimo y divide aguas en derecho porque por un lado están los derechos a compensar situaciones que en realidad no se compensan y, por el otro, el derecho individual en el que cualquiera se puede negar a un pedido del Estado".
"Yo no voy a revictimizar a un chico que ya fue apropiado y que ahora es un adulto que puede decidir por sí mismo", planteó.
El proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas enviadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner semanas atrás, en el marco de un homenaje a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al cumplirse el 30mo aniversario de su histórica visita al país en plena dictadura.
En esa oportunidad, la jefa de Estado anunció además el envío al Congreso del proyecto para "suprimir" la figura de "calumnias e injurias" de la prensa del Código Penal, la creación de un nuevo Banco de Datos Genéticos y otro que contempla la participación de las organizaciones sociales como partes querellantes en procesos por violación de derechos humanos.
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