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30 en línea | Año XV | 18/10/2017 | Ediciones Anteriores | Seguinos: facebook twitter youtube Versión móvil

Megacausa Arsenales II

Un juicio que hizo comprender la magnitud del genocidio en Tucumán

La megacausa ”Arsenales II- Jefatura II”, que acreditó la existencia de dos Centros Clandestinos de Detención, significa la llegada de la Justicia luego de 30 años de impunidad. Se trata de un proceso judicial con valores jurídicos y sociales que es todo un ejemplo en el mundo. Las consecuencias.
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Por Emilio Guagnini* Foto: Bruno Cerimele | 14/01/2014 00:00

La megacausa ”Arsenales II- Jefatura II” comenzó en noviembre del 2012 siendo el sexto juicio por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia. Este juicio tuvo 41 acusados: la mitad de ellos policías provinciales, miembros del D2/SIC, que fueron los autores materiales de los delitos. La otra mitad, integrada por militares y gendarmes que fueron autores materiales y mediatos (quienes daban las órdenes) y tres civiles (el cura José Mijalchik, el escribano Juan Carlos Benedicto y María Elena Guerra) por hechos delictuales producidos por el terrorismo de Estado, ocurridos en Tucumán en los años ‘75,‘76,‘77 y ‘78 en contra de 215 víctimas. La parte acusadora estuvo integrada por 7 querellas particulares que representaban a gran parte de las víctimas y, por supuesto, la fiscalía, acusando por la totalidad de los casos. Se produjeron alrededor de 500 testimonios.


En esta megacausa se acreditó la existencia de dos Centros Clandestinos de Detención (CCD), como la Jefatura de Policía y el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Éste último con la peculiaridad de haber sido además un Centro de Exterminio, ya que la mayoría de las personas allí detenidas fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes en ese mismo lugar o en distintos puntos de la provincia. Estas fosas comunes fueron encontradas en el Arsenal con restos óseos de desaparecidos, muchos de ellos ya identificados gracias a pruebas de ADN realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). También se dio cuenta de una serie de otros Centros Clandestinos de Detención en la provincia, que formaron parte del plan sistemático de represión o también llamado circuito de la muerte, tales como los CCD “El Motel”, ”El Reformatorio”, “La Eudef”, “el Ingenio Nueva Baviera” y “La Escuelita”.


Este juicio hizo comprender la magnitud del genocidio producido en nuestra provincia y país. El universo de víctimas abarcado así lo demostró: familias enteras desaparecidas, mujeres embarazadas, conscriptos, ancianos, adolescentes, políticos, obreros, estudiantes, jóvenes, policías, maestros, militantes de distinta extracción y grupos políticos, trabajadores, etc. En ninguno de los casos de personas detenidas y/o desaparecidas las defensas de los acusados acreditaron la existencia ni siquiera de una sola orden judicial para su detención y, mucho menos para su posterior desaparición, ya que a todas luces la desaparición de personas es una acción ilegal en cualquier estado de derecho del mundo.


Es de destacar también que el terrorismo de estado en nuestra provincia no comenzó el 24 de marzo del ‘76 con el Golpe de Estado militar, sino en el año 1975 con el Operativo Independencia y así fue acreditado durante el debate oral.


Una particularidad de este juicio fue también la acusación por delitos sexuales, ya que se acreditaron con distintos testimonios abusos sexuales de toda índole que se produjeron durante el cautiverio en los centros clandestinos.


Es evidente que la justicia ha llegado tarde -más de 30 años de impunidad y sin condena por todas las víctimas y contra todos los responsables; pero a pesar de ello el Estado argentino será un ejemplo para América Latina y el mundo por haber investigado y condenado a los responsables de delitos de lesa humanidad.


Reconstrucción, reparación
Este juicio ha tenido valor desde muchos aspectos: por un lado, desde lo jurídico es un proceso sin precedentes, ya que es el juicio por delitos de lesa humanidad de mayor envergadura en el Norte Argentino y uno de los más grandes del país (junto con causas como “La Perla” en Córdoba, la “ESMA” en Buenos. Aires, entre otros). También ha tenido un gran valor para los familiares de las víctimas desaparecidas y los sobrevivientes porque se reconstruyó en gran parte lo que ocurrió con ellos, produciendo una reparación desde lo psicológico realmente inmensurable y principalmente, porque después de tantos años se ha hecho justicia.


Desde el aspecto social también encuentro que hay un valor único en el hecho de haberse llevado este juicio adelante: hoy nadie en Tucumán puede negar el accionar terrorista del propio Estado en el periodo ‘75/’83.


Lamentablemente, encontramos todavía algunos tucumanos que buscan distintas formas de justificar el accionar ilegal (cada vez son menos, afortunadamente) pero ya ninguno de ellos puede hacer la vista al costado sobre las aberraciones causadas: todos sabemos que la aberración humana no puede encontrar justificación alguna. Quienes presenciaron algunos de los tantos testimonios producidos durante el debate oral y público o siguieron las instancias del juicio por los medios de comunicación así pudieron comprobarlo.


Argumentos insostenibles
Uno de los argumentos de parte de las defensas fue la existencia de una guerra. Este argumento es realmente insostenible, en primer lugar porque no existió declaración de estado de beligerancia entre partes y una serie de condiciones jurídicas necesarias que nunca se dieron conforme lo determina el Derecho Internacional y Nacional. En segundo lugar, porque ni aún en la hipótesis de la guerra es legal la existencia de centros clandestinos de detención, fosas comunes con decenas de cuerpos enterrados, quemados, o desaparecidos. Incluso aún en estado de guerra existen reglas que deben ser respetadas, tales como registrar a los detenidos, no se permite la tortura, mucho menos robar y realizar abusos sexuales, ni matar en estado de absoluta indefensión.


Es paradójico que muchos de los que siempre pretendieron que no se hagan estos juicios sean los mismos que posiblemente hoy piden pena de muerte o mano dura para delitos comunes y, tal vez, declaran una profunda fe religiosa. Sería interesante saber qué pedirían estas personas si hoy alguien entrara a sus casas, se llevara a un familiar cercano, lo torturaran, lo violaran y lo enterraran en una fosa común.


Es muy sano para nuestra sociedad que sufrió las consecuencias del terrorismo de Estado, poder juzgar y condenar a los responsables de quienes pusieron en práctica su accionar genocida. A medida que pasen los años, más valoraremos estos juicios y estas condenas.


Finalmente hay que decir que el rol de los sobrevivientes y familiares de las víctimas realmente ha sido de una dignidad admirable: en más de 30 años de impunidad sólo se ha pedido simplemente justicia. Justicia que, final y afortunadamente, está llegando.


*Abogado querellante de familiares de detenidos desaparecidos en la megacausa Arsenales II-Jefatura de Policía II.



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