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Andhes y la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita presentaron un informe ante la ONU

Andhes y la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán junto al Parlamento de Naciones Originarias, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI) y la Fundación para el Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del Norte Argentino (ASOCIANA), denunciaron ante el Comité contra la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU la grave situación de los pueblos indígenas de Argentina


23/11/2016 00:00

La denuncia realizada consiste en el aumento y recrudecimiento de los desalojos de las comunidades de sus territorios ancestrales, discriminación en el acceso a la justicia, persecución y criminalización de la lucha indígena, inexistencia de mecanismos que garanticen la participación y la consulta previa de las comunidades. Asimismo, resaltaron la situación de impunidad respecto del asesinato del comunero Javier Chocobar, de la comunidad indígena Los Chuschagasta del Pueblo Diaguita, ocurrido hace más de siete años.

 

Las organizaciones dieron cuenta de las graves consecuencias derivadas de la inexistencia de legislación adecuada y de políticas públicas que permitan efectivizar los derechos indígenas en todo el territorio nacional. Respecto del derecho a la propiedad comunitaria sobre sus territorios, informaron que a 10 años de la sanción de la ley 26.160, que ordena el relevamiento jurídico-técnico-catastral de los territorios indígenas y prohíbe los desalojos o cualquier acto judicial o administrativo que tenga ese fin, el Estado aún no ha ordenado la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, no ha finalizado el relevamiento en la mayoría de las provincias, ni ha generado una política clara en cuanto a las implicaciones de los resultados del relevamiento; la titulación de los territorios aún no forma parte de la agenda del Estado, lo que en la práctica se traduce en una constante inseguridad jurídica.

 

El informe denuncia además la permanente falta de acceso a la justicia de la que son víctimas las comunidades. Entre otros aspectos, el Estado no ha cumplido con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de los hechos violentos producidos como consecuencia de los conflictos territoriales. Durante el período 2010 - 2015 los casos de al menos 7 líderes indígenas asesinados a manos de terratenientes o sus empleados se mantienen impunes. Uno de ellos es el trágico episodio que desencadenó en la muerte del comunero Javier Chocobar cuando defendía pacíficamente el territorio de su Comunidad, y que lleva más de 7 años sin resolverse y sin reparación alguna para las víctimas y sus familiares.

 

Asimismo, las organizaciones recalcaron que la criminalización de la lucha indígena se ha convertido en la respuesta predominante del poder judicial. Esto se observa frecuentemente en aquellos casos donde comuneros son acusados de usurpar su propio territorio y se hace lugar a las pretensiones de grupos terratenientes que, en la práctica, son los verdaderos usurpadores. 

 

Situación que resulta aún más alarmante si tenemos en cuenta que las causas iniciadas por la comunidad no obtienen respuestas adecuadas o son desestimadas sistemáticamente. En la provincia de Tucumán en sólo 10 de las 17 comunidades indígenas actualmente hay aproximadamente 53 causas judicializadas, que representa el 60% de los conflictos territoriales. Las resoluciones de esos juicios muestran que cuando el denunciante es la Comunidad solo el 6% tiene una resolución favorable, el 20% una resolución desfavorable y un 73,33% no obtiene aún resolución. En ninguna de estas causas se aplicó una medida de protección en base a la ley 26.160, no hay ninguna sentencia, resolución o pedido de las fiscalías que de alguna manera enmarquen el caso como una situación de vulneración de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.  

 

Esta lógica del Estado de criminalizar la protesta indígena se extiende también a sus abogados defensores. Particularmente una abogada de andhes fue sancionada por expresarse públicamente señalando las demoras en la realización de un juicio oral y público; a través de éstas sanciones judiciales arbitrarias a sus defensores se intenta amedrentar el reclamo por justicia de las Comunidades Indígenas.

 

Finalmente, las organizaciones informaron que no existen mecanismos normativos efectivos que reguarden el cumplimiento del derecho a la participación y la consulta indígena, y que el Estado no ha dictado una ley que regule la consulta y el consentimiento libre, previo e informado.



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